¿“Nos vamos a volver todos del SISBEN”?

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Teresa[1] es boyacense, tiene 36 años y dos hijas menores de edad quienes dependen del trabajo de su mamá. Es entusiasta, hacendosa y esforzada. Sus compañeros y compañeras tienen condiciones laborales y de vida muy semejantes; devengan entre 1 y 1,5 salarios mínimos mensuales con las debidas prestaciones sociales; trabajan en agricultura o servicios domésticos en un municipio a 40 minutos de Tunja. Se encuentran preocupados por los anuncios sobre una posible reforma radical al sistema de salud y por esta razón, para oírlos y escuchar sus preocupaciones, nos reunimos hace unas semanas.

Teresa llevó la vocería del grupo y su intervención se puede resumir en tres preguntas. La primera: “¿Es que nos vamos a volver todos del SISBEN?” La inquietud lleva implícita la comprensión que la propuesta planteada por la ministra de salud y su equipo busca eliminar los regímenes existentes en el país y que todos sus residentes quedaríamos incluidos, con nuestros respectivos documentos de identidad, en una especie de seguro nacional de salud. Pero lo importante de la inquietud es que trae la preocupación, expresada por ellos, de perder garantías que ya reciben y con las cuales se encuentran bastante satisfechos.

La segunda: “Bueno, pero si yo voy al hospital público del pueblo, allá no nos resuelven las necesidades de salud que tenemos, y si además requiero un especialista, ¿dónde voy a conseguir uno? Yo no sé dónde buscarlo. No conozco en Tunja quién es bueno y quién no. ¿Entonces qué vamos a hacer; quién nos va a aconsejar?”

Teresa y sus amigos no lo saben, pero esta pregunta apunta a uno de los aspectos más importantes de la gestión de riesgos en salud, el agenciamiento de la población; “defender la salud en pacientes individuales, ayudarlos acceder a los recursos, darles información, orientarlos, concertarlos con profesionales no clínicos cuando estén teniendo problemas para ser independientes, facilitarle apoyo social”. En otras palabras, ser el denominado “comprador inteligente”, el representante de los usuarios y pacientes ante los prestadores de servicios de salud, para asegurarles a los primeros que los segundos los atenderán con oportunidad y calidad; y también, para propender por la sostenibilidad del sistema, al mejor costo posible.

Dentro de sus funciones, los prestadores de servicios de salud (clínicas, hospitales, médicos, laboratorios) no tienen ese objetivo, lo que también se puede encontrar en la propuesta planteada por la ministra y su equipo.

La tercera: “Está bien, asumamos que consigo la cita con el especialista. ¿Quién me asegura a mí que no me dirá que el Estado le paga por su consulta, digamos, $100 mil pesos, pero que esta cuesta $300 mil y la diferencia la debo pagar yo? ¡Yo no tengo plata para eso, vivo de mi salario!”

Ante las preguntas de Teresa, sus amigos y colegas asentían. Su última inquietud también apunta a una de las acciones que tiene que ver con esa función de gestión de riesgos que se requiere en un sistema de salud. Sin esta, quedarían los usuarios a la deriva ante la asimetría de información frente a los prestadores de servicios.

La gestión de riesgos en salud (el riesgo de enfermar de las personas y el técnico de la operación del sistema) ya se cumple por parte de las entidades encargadas con bastante éxito en muchos casos y cuando se les dijo que eventualmente serían las secretarías de salud o la figura del Consejo Territorial de Salud las que asumirían parte de esas acciones, el escepticismo y el rechazo se acentuaron aún más en sus caras y se reafirmaron sus preocupaciones.

Las personas que participaron de la reunión no saben sobre esos aspectos técnicos; lo que sí tienen claro y entienden muy bien, es que la institucionalidad del sistema de seguridad social en salud con el que contamos los protege económicamente ante la enfermedad y sus riesgos, y su preocupación radica en que ven desaparecer esa protección en la propuesta que le han escuchado a la ministra y a sus colaboradores.

Esta historia no es el resultado de una encuesta, sus protagonistas son un grupo de personas de a pie, preocupadas por lo que escuchan en los medios de comunicación y lo que entienden que puede pasarles con sus servicios de salud, a ellas y a sus familias. Su sentir no está reducido a unos pocos individuos; por el contrario, es creciente en diversos sectores de la población la intranquilidad y la inquietud por el futuro del sistema de salud.