La foto y la película (7)
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
“La salud no tiene precio, pero cuesta y hay que financiarla”; la frase la hemos escuchado muchas veces en el sector desde hace varios años y apunta a señalar que los recursos financieros siempre son estrechos ante las necesidades de la población.
En 1992 el gasto total (o corriente) en salud -la suma de gasto privado, público directo y de seguridad social en salud- correspondía a una cifra cercana al 6 por ciento del PIB nacional, de acuerdo con la información del Ministerio de Salud en la época. La distribución de ese gasto era, como ya lo hemos señalado en capítulos anteriores, fragmentada, inequitativa e injusta, y un 43 por ciento de su composición correspondía a recursos públicos y de la seguridad social -que representaba alrededor del 2,6 por ciento del PIB- con lo que se debía atender al 83 por ciento de la población. Gran insuficiencia financiera por la cual millones de personas se quedaban sin ninguna protección ni atención en salud.
Durante los últimos 30 años ha habido un cambio progresivo y contundente en la financiación del sector -como lo demuestran diversos estudios de expertos y el seguimiento de cuentas nacionales en salud que se ha hecho- para llegar al 2020 a un gasto entre el 8,5 y el 9,0 por ciento del PIB. Aunque para el 2019 la cifra fue del 7,7 por ciento, lo que sugiere que el gasto extraordinario en salud para enfrentar la etapa más compleja de la pandemia fue muy significativo y nos hace dudar si será sostenible en el inmediato futuro.
Ahora bien, dentro de ese 7,7 por ciento de gasto total, el gasto público y de seguridad social en salud representa ahora el 76 por ciento y con él se tiene la cobertura universal que hemos alcanzado. Esta cifra corresponde al 5,8 por ciento del PIB. En pocas palabras, en estos tres decenios hemos tenido un esfuerzo muy grande del Estado para aumentar los recursos públicos del sector y un incremento significativo del gasto total en salud. Durante este período hemos adicionado en más de un 25 por ciento la participación real del sector en relación con el PIB y hemos modificado la composición del gasto para hacerlo mayoritariamente público y de seguridad social, basado en la solidaridad de un fondo común. Esto se ha hecho en el marco de un incremento de 18 millones de habitantes, que representa un aumento del 56 por ciento con respecto a la población que existía en 1992.
Las tensiones financieras sobre el sistema de salud no han desaparecido, no; han evolucionado. Así, factores como el envejecimiento de la población, la migración y el desplazamiento, el urbanismo acelerado, los nuevos desarrollos farmacéuticos, la autonomía médica, las decisiones judiciales, las enfermedades emergentes y las reemergentes; todos ellos unidos y por separado, generan nuevas necesidades y presiones para que sean satisfechas por el sistema de salud. Más aún cuando algunos expertos internacionales, a sotto voce, ponen en duda la capacidad económica del país para financiar plenamente el paquete de beneficios en salud que hemos definido.
Las tensiones financieras que tenemos parecen darles razón. De acuerdo con la información presentada por la ministra ante el Congreso la semana pasada, para el cierre de este año 2022 se tiene una necesidad de caja de 2,2 billones de pesos y el presupuesto del año 2023 necesita 8,1 billones de pesos adicionales para financiar el aseguramiento y otros programas de salud.
Así, nuestro sistema de salud debe ser más eficiente con el manejo de los recursos con que cuenta, a pesar de que las cifras macroeconómicas que relacionamos en este análisis demuestran eficiencias significativas. Es claro también que la Autoridad Sanitaria Nacional debe tomar decisiones muy técnicas, basadas en evidencia y con mucha previsión sobre los riesgos económicos que puedan derivarse. La situación fiscal del país es compleja, lo sabemos, y seguramente la próxima reforma tributaria podrá traer nuevos recursos al sector; sin embargo, no se conoce la distribución de esos potenciales ingresos y cuánto le corresponderá a la salud.
Pero hay más preguntas; si hemos señalado que los retos de acceso a los servicios de salud para los ciudadanos se encuentran en las debilidades que tenemos en la disponibilidad de oferta de recursos humanos y de infraestructura física y digital, ¿cómo vamos a financiar esas necesidades? A lo cual debemos adicionarles los requerimientos que tenemos para que la Salud Pública de la que hablamos en otro capítulo se desarrolle adecuadamente. ¿De dónde provendrán más recursos financieros?