Editorial: una gruesa factura

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 
 

De nuevo la Corte (CC). Ratificó su posición consignada en los Autos 2049 de 2024 y 007 de 2025. Ante la solicitud de aclaración a estos últimos, la CC manifestó improcedentes y rechazó los argumentos del Ministerio de Salud y Protección Social que intentaba cuestionar el fondo de los Autos en lugar de aclarar dudas. Como señalamos en el editorial de la semana pasada, los ministerios de Salud y Hacienda no tienen otra opción distinta que cumplir con lo ordenado por la CC.

El ministerio de Salud tiene 48 horas para pagar presupuesto máximo de 2022 y 18 días calendario para cancelar los saldos adeudados de presupuesto máximo de 2024. Además, cuenta con 10 días para crear la mesa de trabajo con el objetivo de revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) de 2024. En esta mesa deben participar el Ministerio de Hacienda, la Adres, la Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia Nacional de Salud, la Fiscalía, las EPS e IPS, las agremiaciones del sector salud, pacientes y el sector académico​.

En la primera reunión, el ministerio de Salud deberá proponer un cronograma de trabajo para lograr el reajuste de la UPC en un plazo máximo de dos meses. Tendrá un mes para presentar un informe en el cual justifique la UPC de 2025 y tres meses para desarrollar una herramienta que permita constatar la información para los cálculos de esa prima. Será el responsable del funcionamiento de la mesa técnica y deberá presentar informes mensuales a la Sala Especial de Seguimiento de la CC.

Además, deberá abordar el rezago en el valor de la UPC desde 2021 y efectuar los reajustes necesarios; evaluar el impacto de las inclusiones en la UPC y definir variables y ajustadores de riesgo adecuados y reajustar la UPC de 2024 considerando el análisis del 2023, al tiempo de establecer criterios para ajustes ex post​.

Dentro de las responsabilidades específicas deberá convocar a una nueva reunión con el Ministerio de Hacienda y la Adres dentro de los 15 días posteriores al reajuste de la UPC para definir la implementación de los cambios. Ajustar la metodología de cálculo de la UPC para futuras vigencias, incorporando nuevas variables y ajustadores de riesgo. Para todo ello deberá garantizar un proceso participativo y transparente en el cálculo de la UPC​.

En relación con el ministerio de Hacienda, deberá garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008, así como incluir en sus estimaciones macroeconómicas el impacto real en el sistema de salud para proyectar adecuadamente la UPC​.

Ahora bien, ¿cuál es el monto de dinero para cumplir con esas órdenes?

Un estudio presentado en las últimas dos semanas por la vicepresidencia de salud de la ANDI sintetiza y concreta varios análisis sobre la deuda que el Estado colombiano tiene con el sector salud; agravada en los últimos dos años por la indiferencia y la indolencia del gobierno nacional para reconocerla y financiarla.

Por rezago de la UPC del 2021 al 2024, serían 17,7 billones de pesos. Por el desfase del cálculo de la UPC 2025, 10,7 billones. Por presupuesto máximo 2022 y 2024, 2,1 billones. Por las modificaciones del SOAT hechas por este gobierno 1,2 billones; y por pruebas Covid19, más los recursos de atenciones prestadas a migrantes irregulares entre el 2022 y 2024, 1,3 billones de pesos. En total 33 billones de pesos. Una cifra muy gruesa que no está disponible de manera inmediata, pero que de pagarse permitiría que el sistema de salud recuperara un nivel de operación suficiente, aunque no sostenible.

El desafío es inmenso, no hay duda, pero se trata de un derecho irrenunciable y fundamental a un seguro de salud. Requerirá de un plan a largo plazo, dividido en diferentes etapas, mediado por un marco fiscal de financiamiento.

Como mencionamos en el editorial pasado, este gobierno nacional desvió en el presupuesto de salud del año 2024, 5 billones de pesos de los recursos del aseguramiento hacia el gasto por oferta para infraestructura y equipos extramurales, de los cuales se lograron recuperar 2,6 billones y la ejecución de los demás se encuentra sujeta a cuestionamientos por su pertinencia y su eficacia.

Para este 2025 desviaron del aseguramiento 4,3 billones con la misma destinación; insistimos en que esos recursos deben retornar al aseguramiento en salud para que se financie adecuadamente la UPC de 2025. Junto a ello, con el pago de los 2,1 billones de presupuesto máximo 2022 y 2024 el sistema de salud debería operar más efectivamente en este año 2025. El resto de la deuda podría proyectarse a un pago durante los próximos 10 a 15 años, si se asegura que a partir del 2026 se financie con suficiencia el sistema. Ese es el tamaño del reto.