Editorial: ¿triunfo político o reforma social?

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Múltiples intentos por parte de numerosos actores del sistema de salud se han realizado a lo largo de los últimos diez meses para establecer un diálogo con el Gobierno Nacional y participar colectivamente en la construcción de la reforma al Sistema de Salud. Poco se ha logrado en ese propósito y la participación ciudadana y de la sociedad civil sobre un asunto tan fundamental, ha sido un mero formalismo, marginal ante las decisiones. Hay un mayoritario segmento de los agentes del sistema que siente que no ha sido escuchado ni atendido en sus necesidades, sus observaciones y sus preocupaciones con respecto a la reforma planteada ante la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Además, reconocidos juristas han expresado sus inquietudes sobre la pertinencia del trámite ordinario del proyecto de ley; cuestionan esta determinación porque la materia que trata reforma un derecho fundamental, por lo tanto, estatutario, y porque el articulado contiene también asuntos que deberían atenderse como una ley orgánica.

Las discusiones sobre los problemas que quiere solucionar la reforma no se han dado y el diagnóstico sobre el cual se ha basado el proyecto dista mucho de la evidencia científica y técnica. Los debates se han centrado en buscar que los partidos políticos modifiquen el texto de un articulado que careció de coherencia en el documento radicación, pues presentaba múltiples contradicciones entre sus diferentes capítulos. La versión posterior de la ponencia mejoró, pero mantuvo un texto que pone en riesgo los avances que, sobre los principios constitucionales de universalidad, solidaridad y eficiencia, se han alcanzado en los últimos treinta años.

Todas esas condiciones, observaciones y preocupaciones llevaron a ese segmento mayoritario de representantes de la sociedad civil organizada a presentarlas públicamente de manera conjunta y advertir los riesgos para los pacientes, usuarios, la institucionalidad y la sostenibilidad de nuestro sistema de salud, los cuales podrían materializarse de ser aprobado el texto que se halla en discusión en la comisión séptima de la Cámara de Representantes. Lo anterior condujo además a plantear públicamente un Pacto Nacional por un mejor sistema de salud en el país, el cual, adicional a las razones anteriores, responde al llamado del presidente de la República para consensuar las reformas sociales entre todos; lo cual nos conduce a entender que no puede ser solamente entre unos privilegiados y reducidos grupos que han logrado acceder a la proyección de esta reforma y a las decisiones que la han acompañado hasta el momento.

Para la fecha en la que se escribe este artículo, han adherido a la propuesta más de 58.000 firmantes, que se suman a “muchas voces, científicas, técnicas, pero sobre todo de ciudadanos, que hemos señalado desde el inicio de esta discusión la necesidad de hacer cambios al sistema de salud, en especial los relativos a la oportunidad en el acceso a los servicios, la sostenibilidad financiera, el fortalecimiento de la salud pública y la atención primaria con énfasis en la ruralidad”.

De igual forma, los firmantes del Pacto hemos reconocido la necesidad de establecer una política nacional de talento humano, robustecer la gobernanza en los territorios y luchar de manera más contundente contra la corrupción. Como se dice en el texto, el propósito es el de mejorar el modelo de atención y adaptarlo a los cambiantes requerimientos de la sociedad. Las transformaciones deben basarse en la evidencia científica, en la información transparente y en la participación real y efectiva de todas las personas, sin poner en riesgo la vida de los colombianos.

Los firmantes hemos hecho el planteamiento de realizar un alto en el camino para revisar el proceso y establecer una mesa de trabajo que concerte una reforma al sistema de salud con objetivos claros, evidencia técnica y un plan que contenga metas precisas que se pretendan alcanzar y cuente con los recursos necesarios para lograrlo; que defina los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud y los mecanismos para protegerlos; que demuestre la sostenibilidad del sistema con los cambios que se adopten; que establezca una transición mediante la cual se asegure para los pacientes y usuarios actuales los servicios que reciben y los protegen, y que para proyectarla, discutirla y aprobarla se asegure como ya se ha dicho, una participación amplia, pertinente y efectiva de los diferentes agentes del sistema de salud.

Este esfuerzo que se debe realizar no puede tener como meta un simple triunfo político, sino un progreso social que se preserve y crezca en el tiempo.