Editorial: por sus acciones los conoceréis

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

El 30 de diciembre pasado se ajustó la unidad de pago por capitación (UPC) para el año 2023 en un valor superior al que se había mencionado unas semanas antes en el borrador de resolución que el ministerio de salud puso a circular para discusión; a pesar de ello, aún es una cifra insuficiente para corregir los rezagos de desfinanciación que se arrastran desde el pasado y con ello poder satisfacer de manera sostenible el plan de beneficios que se tiene definido. Desde hace varios años el equilibrio financiero del sector es frágil y esta actualización de la UPC no cambia las cosas.

Además, no han sido claros ni oportunos los desembolsos para pagar, mediante el mecanismo de presupuestos máximos, los servicios de salud no financiados por la UPC que, aunque no son tantos como los que cubre el plan de beneficios, si son costosos y pueden representar el 0,5 por ciento del PIB.

Paralelo a lo anterior, no se ha evaluado -y mucho menos reconocido con suficiencia- el impacto que tendrá en la financiación del sector salud la decisión de diciembre pasado del gobierno nacional de disminuir la tarifa del seguro por accidentes de tránsito para motocicletas. Las razones técnicas para esa determinación brillaron por su ausencia, pero el impacto en el sistema de salud si se sentirá.

El gobierno ha dicho que en este primer trimestre habrá un ajuste en el presupuesto general de la Nación para corregir, entre otros, el desfase financiero en la salud. Habrá que ver el alcance de ese arreglo, la destinación de esos recursos y la fluidez con que se giren al sistema.

Por eso no es extraño que, al hablar con clínicas y hospitales, la queja primaria es el flujo de recursos, las deudas atrasadas de las EPS y las glosas; y al hablar con las EPS, la queja primaria es el flujo de recursos, las deudas atrasadas del gobierno y las glosas. No queremos hablar de dinero cuando hay tantas tareas pendientes para mejorar la salud pública y el acceso a la atención en salud, pero tampoco acometemos con determinación las acciones para corregir la situación financiera del sector.

En ese entorno, el actual gobierno se ha caracterizado hasta ahora por hacer demasiados anuncios sin concretar acciones ante los retos que debemos enfrentar para mejorar el sistema de salud. Se puede reafirmar lo que han señalado algunos críticos cuando dicen que el problema de esta administración nacional no se encuentra en la carencia de una estrategia de comunicación sino en una debilidad grande de la gestión; y para una mayoría, los retos del sistema de salud no se solucionan con más normas sino justamente con mejor gestión.

En el sector hemos escuchado durante los últimos meses, desde la elección presidencial, el anuncio de las autoridades de salud sobre una reforma estructural cuyo borrador oficial no se conoce. Paralelo a ello niegan la paternidad de un documento que circulan en redes sociales y que genera temor e incertidumbre, para después reconocer que representa un porcentaje mayoritario de las ideas reformistas. Reforma que mantienen secreta, pero dicen que la concertan con la sociedad civil, ante lo cual gremios de pacientes y de otros agentes del sistema niegan haber sido convocados, consultados y mucho menos escuchados. Critican lo que existe y lo que se ha desarrollado en el sistema, pero los planteamientos de cambios parecen más anuncios, razones y diagnósticos, la mayoría de los cuales no están sustentados en evidencias claras y válidas. Dicen y se contradicen; y las recurrentes rectificaciones a sus declaraciones aumentan las dudas y la perplejidad.

Vivimos entre la discusión y la retórica, alejados de la acción y la ejecución. ¿Confunde y dividirás? ¿divide y vencerás? Mientras tanto, lo concreto se halla en el desmantelamiento de la capacidad técnica del ministerio de salud y de otras de sus entidades adscritas que tardará un buen tiempo en recuperarse.

La voluntad y la disposición de diálogo y construcción colectiva existen en los agentes del sector salud. El gobierno nacional debe reconocer esto, así como las propuestas de cambio para mejorar la operación del sistema, que se han discutido entre diferentes actores desde hace varios años. Las transformaciones deben ser ante la luz pública y con amplia participación ciudadana, entre otras razones porque un comportamiento diferente contradice los principios democráticos y constitucionales que este gobierno dice defender y profesar, pero también, porque seremos quienes trabajamos hoy en el sector los que ejecutaremos las reformas que se definan; y debemos estar convencidos de su conveniencia.