Editorial: ¿Oportuno? o ¿despistado?
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
La Contraloría General de la República (CGR) presentó un informe restringido sobre la situación financiera del sistema de salud, muy enfocado en los resultados de las EPS, el cual se hace público en un fin de semana coincidente con el reinicio de sesiones ordinarias del Congreso de la República, y con él, con la discusión de la reforma a la salud propuesta por el gobierno nacional; además de encontramos ad-portas de un debate de censura al ministro de Salud por la desfinanciación del sector. Por la forma y en el contexto político que vive el país, no es extraño que dicho informe genere suspicacias sobre su intencionalidad.
El análisis sobre el informe se puede dividir en dos aspectos. El primero, con los datos expuestos en él, reafirma lo que este centro de pensamiento, junto con otros centros académicos, gremios y asociaciones de usuarios y pacientes, hemos venido señalando desde hace varios meses: el sistema de salud colombiano se encuentra desfinanciado de manera estructural y la crisis financiera de las EPS afecta a las IPS y a toda la cadena de valor del sistema, todo lo cual impacta al final a usuarios y pacientes en la oportunidad y la calidad de la prestación de los servicios de salud.
El segundo aspecto del análisis nos obliga a señalar varias debilidades que tiene el informe. En primer lugar, la metodología del estudio de la CGR no está bien definida y descrita. La nota técnica es sucinta y se limita a señalar que la investigación se desprende de los balances financieros reportados por las EPS a la Contraloría, por solicitud de esta y con corte a 30 de octubre de 2023. No hay referenciación con informes o actuaciones de otras entidades del Estado, como la Superintendencia Nacional de Salud y la Corte Constitucional, y en el caso de la primera de estas dos entidades, no explica la razón por la cual los resultados de la evaluación de los estados financieros de las EPS difieren tanto con relación a lo que la Contraloría concluye.
Tampoco refiere la metodología del estudio de la CGR la manera como se calculó el faltante de reservas técnicas por $ 12,5 billones de pesos, que señala como un grave incumplimiento de las EPS a la norma vigente sobre la materia. Ahora bien, para entender la magnitud de esa aseveración de la Contraloría, este monto representa un 15.5 por ciento del presupuesto asignado por concepto de UPC para el sistema, que se ubica en 80 billones de pesos en el 2024. Como las reservas técnicas son un pasivo y no un ahorro, se constituyen en recursos que deben disponer las aseguradoras para cumplir con sus obligaciones que han sido notificadas pero que no se han liquidado y tampoco pagado. Esta situación agudiza más el escenario financiero de las entidades e indica que tienen bajo margen de maniobra, lo que se traduce en problemas de liquidez y por tanto se enfrentan a complicaciones con sus deudas de corto plazo, sumado esto, a las que ya venían presentando.
Otra debilidad metodológica del estudio de la CGR tiene que ver con el período de tiempo que analiza. Habla de resultados financieros de 2023. Pero en uno de los apartes de los resultados reportan que los gastos administrativos son del 2021 y 2022, y en cuanto a la cartera de las EPS parecería que el análisis va más atrás del 2023. Además, la afirmación pública del Contralor General (e) al señalar que las EPS tienen una utilidad entre el gasto administrativo que reportan y el 8 por ciento autorizado por la norma, desconoce claramente la manera como operan por regulación del gobierno las EPS en esta materia. Esa utilidad que él menciona en sus entrevistas no es cierta.
Además, y quizá lo más importante, el informe de la CGR no desarrolla nada sobre las causas por las cuales se llega a ese estado de cosas. No menciona la desfinanciación de la UPC, tampoco la de los Presupuestos Máximos (PM). Mucho menos señala el reto de hacer sostenible y justa la incorporación de nuevas tecnologías en salud. De igual manera, no menciona los retrasos en los desembolsos de PM que el gobierno nacional ha debido hacer a tiempo; algo que es señalado de manera rotunda por el Auto 2118 de la Corte Constitucional publicado en enero pasado.
El tema central de la discusión en salud se halla en la manera como vamos a superar la desfinanciación estructural del sistema. Aclarar sus causas es un factor primordial para lograrlo. El proyecto de ley 339 (216 de Senado) no atiende para nada estos aspectos, por el contrario, su implementación puede profundizar esa desfinanciación. El Congreso de la República debe estar atento a ello y propiciar los espacios con el gobierno nacional y los agentes del sistema de salud para que demos esa discusión de cara a la sociedad.