Editorial: más de lo mismo

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

Catálogos financieros de las EPS publicados por la Superintendencia de Salud (SNS); fecha de corte 31 de diciembre de 2023. Información que consolidó el Observatorio de Así Vamos en Salud para el seguimiento al financiamiento del Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y sobre la cual se revisaron los resultados de los principales indicadores financieros de las EPS.

Patrimonio del SGSSS negativo en -5 billones de pesos; el más negativo en el régimen subsidiado que asciende a -4,2 billones de pesos. Alto nivel de endeudamiento, que pone en evidencia la limitación para cubrir las obligaciones adquiridas por parte de EPS. Pérdida de 4,6 billones de pesos en el resultado operacional que para el régimen contributivo corresponde a 2,1 billones, lo cual representa el 47 por ciento del total de pérdidas.

Costo médico o siniestralidad que oscila entre el 99,1 y el 101,6 por ciento de la UPC, dependiendo del régimen y sin contar con el gasto administrativo. Con este último oscila entre 105,3 en el régimen contributivo y 111,6 en el subsidiado.

De las 26 EPS que existen, 9 afilian al 80,1 por ciento de la población y concentran el 82,2 por ciento de los ingresos por UPC y Presupuesto Máximo al sistema de salud. Esas EPS duplicaron su población afiliada entre 2017 y 2023. En el 2017 tuvieron un resultado operacional negativo de 135 mil millones de pesos; en el 2023 ascendió a -3,2 billones. Al medir la siniestralidad de estas 9 EPS, incluyendo los costos médicos y los gastos administrativos versus los ingresos operacionales, el porcentaje se ubica en 100,6% y 104,6% entre esos mismos años. El resultado operacional negativo durante esos 7 años suma 7,4 billones (-6 billones en los años 2022 y 2023).

Cuatro EPS fueron intervenidas por la SNS entre 2022 y 2023. Presentan un patrimonio negativo que ha pasado de -3,8 a -5,1 billones entre esos dos años. Su resultado operacional negativo fue de -1,5 billones en 2023.

Un gobierno nacional que ha hecho oídos sordos a esa evidente iliquidez de las entidades que son la puerta de entrada de los recursos al SGSSS. Un sector bancario que no está dispuesto a conceder créditos. Unos inversionistas (en el caso de las que tienen inversionistas) que no encuentran estímulos para poner dinero en esas entidades ante la amenaza de desaparecerlas o intervenirlas por parte del gobierno.

No es de extrañar que las EPS hayan “acordado” unos artículos sobre Gestoras de Salud y Vida en el marco de un proyecto de ley que es un refrito del que fue hundido en la Comisión 7ª de Senado hace menos de un mes. Con ese panorama financiero descrito, ese “acuerdo” parece una imposición, por no decir que un chantaje.

El gobierno nacional vuelve a intentar revivir un proyecto sin contar con la participación de usuarios, pacientes, médicos, académicos y expertos. No existe un espíritu democrático. Además, los antecedentes sobre incumplimiento de acuerdos son referenciados por muchos. ¿Qué harán las EPS si esta vez el gobierno vuelve a incumplir como ha ocurrido con parlamentarios o partidos políticos?  No hay que ir muy lejos para encontrar lo que les ha pasado a los médicos, y a las clínicas y hospitales, con el tarifario único que el ministerio tuvo que esconder por inconveniente y absurdo.

Sí todo lo anterior no fuera suficiente, durante los últimos días también se ha hablado mucho sobre la implementación improvisada del “nuevo” modelo de sistema de salud para el magisterio. Lo primero que se debe decir sobre éste, es que no tiene nada distinto al sistema que el gobierno nacional quiere imponer en el sistema general para toda la población. Un pagador único estatal; sin gestión integral de los riesgos en salud y sin estímulos a la calidad ni al gasto eficiente. El cambio real para los usuarios y pacientes del magisterio no existe.

Pero el gobierno le carga a una fiduciaria la responsabilidad de comportarse como si fuera experta en la administración y la gestión en salud; no tiene la capacidad y nunca la tendrá; y la sugerencia que se ha oído para que la ADRES se encargue de esas funciones (como lo han pretendido en el sistema general) se enfrenta en este caso a una norma legal que se lo impide.

Semanas movidas. Mucha agitación y más incertidumbre. Pero al final, más de lo mismo: ideas, discursos, improvisación y jugaditas políticas. Mientras tanto, el sistema de salud al garete y los usuarios y pacientes enfrentando las consecuencias.