Editorial: la tarjeta de crédito desamparada
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Parecería que la discusión central sobre la reforma al sistema de salud se dará en torno al futuro del aseguramiento que existe hoy en el país y satisface este derecho fundamental. Un tema técnico, complejo, que puede ser difícil de comprender para el ciudadano que no tiene aproximación a los aspectos específicos que comprenden la denominada gestión integral de los riesgos en salud.
La discusión se ha simplificado en la pregunta si deben permanecer o no las entidades promotoras de salud (EPS) que creó la Ley 100 de 1993, las cuales supuestamente sólo intermedian recursos financieros. Pero la evaluación y los debates deberán ser más profundos y tendrán que ver con la continuación o no de esa función de gestionar la salud de la población, organizar la red de prestadores, manejar los aspectos financieros y la contratación de la operación, así como la pertinencia, oportunidad y calidad de la atención, entre otros aspectos. Los documentos y las declaraciones, no oficiales y semioficiales, que han circulado sobre los cambios, muestran que desaparecería o que algunas de las acciones que se ejercen en el marco de esa gestión, pasarían a manos de entes estatales.
Como es un tema que puede ser tedioso y confuso para la opinión en general, valdría la pena llevarlo a una analogía que nos facilite a todos la comprensión.
En cualquier familia alguien debe cumplir la tarea de controlar el gasto para hacer sostenibles los ingresos y a la vez, poder atender las diversas necesidades que sus miembros tienen. Es una función combinada de los jefes de hogar, quienes por lo regular han aprendido y conocen dónde se obtiene el mayor costo/beneficio de su gasto e inversión para el bienestar de sus familiares. Para ello organizan su red de prestadores donde obtiene los mejores bienes y servicios al mejor precio (la casa, los colegios, los alimentos, la ropa, los servicios públicos, la recreación, etc.) Su acción busca asegurar beneficios de manera equitativa para todos los miembros de la familia. En resumen, para lograrlo, lo que hacen es gestionar los riesgos económicos y operativos que tiene la familia para el mayor bienestar.
Cualquier día los jefes del hogar creen que otras familias con más recursos económicos lo hacen mejor y consideran que no están gastando bien la plata, no reciben todos los bienes y servicios, y entonces la forma como gestionan esas tareas debe cambiar. Puede haber recriminaciones mutuas, porque uno de ellos ha estado más dedicado a buscar los recursos económicos y a proveerlos y su control sobre el gasto ha sido general, mientras que delegó en la otra persona las tareas primordiales para gestionar los riesgos mencionados. Los demás miembros de la familia, ya mayorcitos, piden la satisfacción de los que consideran sus derechos y tienen la influencia de amigos y relacionados para exigirlos.
La pareja decide entregarle a cada uno de los miembros de la familia una tarjeta de crédito supuestamente amparada para que cada cual busque bienes y servicios, con la idea que así estarán contentos y sus requerimientos atendidos. Los gastos por esas tarjetas de crédito los asume quien administrará los recursos, que termina por ser el que menos experiencia tiene en la gestión de los riesgos económicos y operativos que confronta la familia. Por supuesto, el resultado final es que muy rápidamente los miembros del hogar incurren en un gasto desordenado, muchas veces innecesario, que no satisface los requerimientos esenciales de bienes y servicios que el desarrollo de esa familia requiere. Más aún, la sostenibilidad financiera del hogar se derrumba y económicamente se quiebra. Hasta acá la analogía.
La posible propuesta gubernamental sobre asumir la administración de los recursos y eliminar la gestión integral del riesgo en salud, para dejar que los usuarios del sistema vayan a consultorios, clínicas y hospitales a recibir los servicios donde crean que es más conveniente para sus necesidades o deseos, se asemeja mucho a la decisión de esos jefes de hogar de entregarles a sus familiares una tarjeta de crédito y decirles que pagarán lo que necesiten y quieran. Parecerá muy atractivo para algunos individuos, pero el país no tiene la capacidad de sostener eso y lo que es peor, terminaremos en largas listas de espera, el acceso a los servicios será anárquico, además de inequitativo, y la protección financiera que hoy tiene el sistema desaparecería.
La gestión integral de los riesgos en salud no puede desaparecer del sistema y quien la ejerza debe ser quien más experiencia y capacidad tiene para gestionarla. En esto tampoco se puede improvisar.