Editorial: ¿La Nueva EPS hacia el viejo Seguro Social?
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Hace once meses, en enero del presente año, señalamos en este espacio que la propuesta de reforma que venía para el sistema de salud apuntaba a la creación de un nuevo Seguro Social con 50 millones de afiliados. El escrito se originó en una entrevista que la entonces ministra de Salud concedió a un reconocido periodista de televisión. Ese planteamiento inicial no ha desaparecido del todo en el ambiguo proyecto de ley 339 de 2023 que subsiste en la Cámara de Representantes, el cual tampoco soluciona los retos y las dificultades que tienen los usuarios y pacientes frente al sistema de salud.
La sombra de esa posibilidad se ha mantenido en el ambiente del sector salud a lo largo de este tiempo. La Nueva EPS apareció en el proyecto de ley radicado en febrero en la Cámara de Representantes, en el que se proponía como la única receptora de los afiliados a las EPS durante la escueta y raquítica transición que planteaba hasta la desaparición de EPS. En la negociación surgió la opción para que estas se transformaran en las denominadas Gestoras de Salud y Vida. Supuestamente continuarían con otro nombre. Sin embargo, ya no tendrían las funciones sobre la gestión de riesgos en salud, el aseguramiento desaparecería, y en su lugar quedarían reducidas a especies de call centers dentro de la operación del sistema. Han mantenido a la Nueva EPS como la opción para la transición.
Adicional y paralelo a esta situación, han sucedido hechos que acrecientan la duda sobre la desaparición de la propuesta inicial de la exministra de salud.
La conformación accionaria de la sociedad anónima Nueva EPS es mixta. En ella, el 50 por ciento más una acción es aporte de capital privado, que corresponde a las 6 cajas de compensación que respondieron a la convocatoria del gobierno nacional para conformar la entidad en reemplazo del antiguo Seguro Social hace unos 15 años; y el 50 por ciento menos una acción es aporte de Positiva S.A, empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional.
En julio pasado Famisanar -una conocida EPS cuyos dueños son dos cajas de compensación que hacen parte de las propietarias de la Nueva EPS- fue la primera que recibió de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) la renovación de su habilitación para continuar operando por cinco años más. Lo extraño es que un mes más tarde esa misma entidad estatal la intervino y asumió su control. Las preguntas que surgen son obvias ¿Con cuáles criterios financieros se le concedió la prórroga y con cuáles se le intervino? ¿Cuál es la razón de esa contradicción en tan corto tiempo?
De manera casi simultánea la Superintendencia de Subsidio Familiar intervino a Comfenalco Antioquia, otra caja de compensación familiar que hizo parte de los accionistas iniciales de la Nueva EPS. Esta se hallaba en vigilancia especial por parte de ese supervisor público y venía con un funcionamiento adecuado. No debe ser una simple coincidencia que la entidad mantiene acciones en la Nueva EPS.
Los cambios sucedidos en la composición de la junta directiva de la Nueva EPS en esta semana pueden verse como rutinarios. El gobierno sustituyó a los dos representantes a los que tiene derecho. En palabras del ministro de salud “Lo único que estamos haciendo es teniendo a personas que están comprometidas con este Gobierno y que entienden perfectamente bien cuáles son los compromisos que tenemos nosotros” Se oye natural ese comentario; el gobierno está en su derecho. Sin embargo, también hubo un cambio en otro miembro de la junta que representa a una de las cajas de compensación familiar propietarias de Famisanar, la EPS intervenida por la SNS. Con los antecedentes que se mencionan, la otra pregunta obvia que surge ¿Habrá algún tipo de presión para que miembros de la junta actúen de determinada forma?
Más allá de estos “juegos de poder”, si el resultado final es la “captura” de la Nueva EPS por parte del gobierno las preguntas que hicimos hace 11 meses subsisten: ¿el monopolio del Estado es más técnico, profesional, eficiente y transparente que el trabajo de los privados y cooperados? ¿estaríamos asumiendo un riesgo muy grande de perder los logros que se han conseguido para la población? ¿Esta es la opción para mejorar desde el punto que se ha alcanzado en la gestión integral de los riesgos en salud y proteger mucho más la salud de la población? ¿Podría ese renacido Seguro Social, administrado por el Estado, desarrollar la capacidad institucional para atender 20, 30 o 50 millones de habitantes cuando no la tuvo al alcanzar 6 o 7 millones de afiliados? ¿Cómo se evitarían los riesgos de politización, ineficiencia, desfinanciación y corrupción que contribuyeron a que ese antiguo Seguro Social desapareciera?