Editorial: la ideología y la política
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
La pandemia por Covid 19 nos evidenció las debilidades que en materia de Protección Social tiene el país. La población laboralmente activa perdió su empleo sin tener protección ante el desempleo; la informalidad creció aceleradamente; muchas personas debieron hacinarse en viviendas estrechas durante el confinamiento obligatorio con sus familias y otros además sin servicios públicos adecuados. El sector educativo no pudo responder con efectividad a las necesidades del estudiantado en medio de la crisis; no estaba preparado para riesgos de esa magnitud. Una parte amplia de clase media colombiana, de la que nos ufanábamos por haberla acrecentado en los últimos 15 años, retornó a niveles de pobreza en menos de tres meses.
Toda esta situación incrementó los riesgos del Covid 19 para la población y sin duda contribuyó mucho a la mortalidad que tuvo el país por esta condición médica emergente. Ante eso el sector salud respondió, y lo hizo con suficiencia, eficacia y profesionalismo. En medio de dificultades, fue el Sistema de Seguridad Social en Salud (SGSSS) el que demostró encontrarse, desde sus responsabilidades, en mejores condiciones de preparación para proteger a la población ante un riesgo colectivo de la magnitud que fue la pandemia de 2020.
Lo anterior no quiere decir que nuestro sistema de salud sea perfecto; tiene muchas tareas por mejorar. Pero lo que sí significa es que, reafirmado por la pandemia, necesitamos reformas sociales que protejan mejor a la población ante los diversos riesgos que tiene, atravesados todos por la pobreza y la inequidad. Entonces deberíamos estar discutiendo mucho más sobre las reformas a los sistemas pensional, laboral y educativo, así como sobre las transformaciones que se deben realizar en nuestra política agroindustrial y en el desarrollo apropiado de nuestra ruralidad. Pero el gobierno nacional decidió de manera prioritaria enfilar sus baterías contra el SGSSS, que ha demostrado los mayores avances en los últimos treinta años en la lucha contra la pobreza y en el fortalecimiento de la protección social en el país.
Las razones para que esto sea así pueden ser explicadas por el propósito del gobierno nacional de subordinar a un segundo plano la participación privada en el desarrollo social del país. Sector privado que durante las últimas tres décadas ha venido trabajando en la salud por delegatura muy regulada de responsabilidades establecidas por el Estado, como ordena la Constitución.
La alianza público-privada, que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo en el SGSSS (la más grande del país y quizá de América Latina), ha permitido avances significativos en la implementación del derecho a la salud. Perder esos avances es lo que nos preocupa en el sector a académicos, entidades, asociaciones, pacientes, usuarios y a la mayoría de los ciudadanos.
Ante el proyecto de ley, la ponencia y su enmienda, algunos de los avances que se ven en riesgo son: la misma seguridad social en salud, consagrada en la Constitución como irrenunciable y que desaparecería; la cobertura del aseguramiento en salud, que pasaría a ser un empadronamiento asistencial sin clara protección para el ciudadano; el plan de beneficios, que no puede ser recortado en el enunciado por norma alguna, ni tampoco como resultado de su aplicación; la protección financiera ante el riesgo de enfermar, que quedaría en gran peligro por la propuesta presentada; la libertad de elección del ciudadano, del asegurador y del prestador, que desaparecería también; la solidaridad, materializada por los subsidios cruzados explícitos que tiene el SGSSS, los que también quedarían refundidos; la accesibilidad a servicios de prevención, consultas médicas, intervenciones, medicamentos y dispositivos, cuyo incremento podría verse disminuido; la tutela, que quedaría sometida a un riesgo grande porque desaparecería el agente pasivo (la EPS) cuyas funciones se diluirían entre agentes estatales no capacitados que no responderían a la demanda ciudadana.
Mientras deberíamos estar trabajando sobre otros sectores con el propósito de mejorar la protección social de los ciudadanos del país para que vivamos con bienestar y estemos más capacitados para la próxima pandemia, el trámite accidentado de la reforma a la salud en el Congreso nos ha enfrascado en la discusión para definir si acabamos o no con la seguridad social en salud que ha entregado los mayores avances en el bienestar social durante los últimos 30 años en el país. ¡Caramba, los riesgos que tienen la ideología y la política! Habrá que ver cuál es la visión del nuevo ministro de salud que ingresa al gabinete.