Editorial: indiferencia

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

Debemos volver sobre este tema porque el olvido puede hacer perder la criticidad de ciertas decisiones. Antes de que finalice el año, el gobierno nacional deberá definir la unidad de pago por capitación (la tan mentada UPC) que regirá para el año 2025 en el sistema de salud.  Es un asunto clave que emplean los sistemas basados en el aseguramiento, como en nuestro caso.  Ese valor per cápita lo reciben las aseguradoras por cada afiliado y busca garantizar el financiamiento del Plan de Beneficios en Salud, promoviendo la equidad, la eficiencia y la sostenibilidad del sistema.

Contrario a lo que pueden pensar algunos, su cómputo no se realiza simplemente con una calculadora para dividir el monto total de los recursos financieros destinado al aseguramiento, por el número total de personas sujetas de recibir el beneficio. Requiere de una metodología técnica, cada vez más sofisticada, que incluye el análisis de riesgos y las características de la población; los costos históricos del sistema y la proyección de riesgos futuros; la inflación en salud y la composición del plan de beneficios, así como el ajuste por regiones y por acceso.

Como lo sabemos, nuestro sistema de salud debe cumplir con tres principios constitucionales: la universalidad, la solidaridad y la eficiencia. Para la satisfacción de los dos últimos la UPC es clave. Con ella se materializan dichos principios en la realidad de las personas. Porque mediante ese valor per cápita se distribuyen solidariamente los recursos entre sanos o menos enfermos para financiar las atenciones de aquellos con requerimientos en salud mayores. También se realiza una redistribución de los recursos para regiones y poblaciones más vulnerables. Ayuda así mismo a equilibrar disparidades en el acceso a los servicios entre zonas rurales y urbanas.

De igual manera, el principio de eficiencia se ve estimulado por el incentivo al uso racional de los recursos ante el monto fijo que recibe la aseguradora, que debe conducir a un incremento en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En forma concomitante, la innovación en modelos de atención más eficientes, integrales y oportunos se ve alentada por el establecimiento de una UPC.

Lograr esa definición de la UPC requiere de equipos técnicos, mesas de trabajo y voluntad de negociación. De esta forma se venía trabajando en el sector salud desde el ministerio del ramo y a lo largo de los años. Claro, con no pocas dificultades; pero se avanzaba en consolidar la institucionalidad y la solidez técnica que permitía, año a año, establecer una UPC que respondía cada vez más y mejor a la satisfacción de los principios de solidaridad y eficiencia, así como a la protección financiera de las personas ante la contingencia de enfermar; y con todo ello, a un mayor goce efectivo del derecho a la salud.

Este gobierno nacional no quiere el aseguramiento y como consecuencia tampoco quiere la UPC. Por esa razón para este ministerio de salud de hoy, le es indiferente si la UPC queda bien o mal calculada. Por esa razón, se ha desmantelado el equipo técnico que trabajaba en el ministerio de Salud a cargo de esas evaluaciones. Por esa razón, no se reúnen eficientemente las mesas técnicas al interior del ministerio. Por esa razón, no ha habido reuniones oportunas y con el cronograma adecuado de los equipos técnicos del ministerio con los equipos técnicos del ministerio de Hacienda, de Planeación Nacional y de las aseguradoras, para consolidar la evaluación que se debe hacer. Por esa razón, para el año 2025, es muy posible que se incrementará el monto de la UPC con un porcentaje calculado quién sabe cómo, pero que no corregirá el desfase actual de este valor per cápita que han calculado economistas y actuarios estudiosos del tema y lo han estimado en al menos entre el 16 al 18 por ciento de la cápita actual.

La UPC es una herramienta clave para garantizar el equilibrio entre solidaridad y eficiencia en nuestro sistema de salud. Su éxito depende de un cálculo robusto que considere las necesidades reales de la población y se ajuste con las dinámicas del sistema. La indiferencia del gobierno sobre el tema debe ser sacada de la ecuación.