Editorial: “El banco de la salud”

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 
 

La propuesta original del gobierno nacional para la reforma a la salud contenía lo que sería el renacimiento del antiguo Seguro Social (ISS) en el sector. Una entidad que manejaría la atención en salud de los 50 millones de colombianos. Al menos siete veces más grande al tamaño que el ISS alcanzó a tener en su momento de mayor cobertura antes de desaparecer.

Ese proyecto de ley fue archivado en la Comisión 7ª del Senado en abril de 2024, pero su esencia, aunque con ciertas modificaciones, prevalece en la posición del gobierno nacional y de sus correligionarios en el Congreso de la República y tiene, en las funciones que el nuevo proyecto de ley le asigna a la ADRES, una parte primordial de la anterior propuesta, que como ya hemos visto nos devuelve a una seguridad social en salud primitiva del pagador único, previa a los años 70 del siglo pasado.

La ADRES fue constituida en el año 2015 como la tesorería del Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia (SGSSS). Se asemeja a la Tesorería General de la Nación (TGN) ya que ambas gestionan recursos públicos, distribuyen los fondos y optimizan el uso de los dineros. Sin embargo, la TGN se ocupa de la totalidad de los recursos del Estado, mientras que la ADRES está centrada exclusivamente en los del SGSSS. Ambas instituciones deben garantizar la correcta administración de fondos para satisfacer las necesidades de la población en sus respectivos ámbitos.

Pero la propuesta del gobierno busca que la ADRES cumpla otras funciones adicionales. Algunos la quieren volver como el “banco de la salud” y de hecho lo sería porque las funciones que le asignan presentan similitudes con las actividades de un banco, particularmente en lo que respecta a la gestión de recursos, la realización de pagos, la creación de fondos de contingencia, la suscripción de acuerdos con proveedores y la rendición de informes financieros. Claro, su naturaleza pública lo alejaría del ánimo de lucro, como lo puede tener un banco privado; pero sería el “banco único de la salud” que generaría riesgos y retos para el sector.

Hay varios. Las desigualdades regionales y las diferencias en la calidad de los servicios pueden ser mayores si se sigue un modelo financiero rígido y único como sería el caso. Las poblaciones vulnerables requieren políticas diferenciales de financiación para las cuales la ADRES no está preparada. La ineficiencia pública puede conducir a procesos más lentos, menos flexibles y más burocráticos que afectarían su capacidad para responder con rapidez ante situaciones críticas. Los desafíos de asignación eficiente de los recursos requieren no solo manejar los flujos de efectivo, sino también garantizar que los recursos se distribuyan de manera equitativa entre las distintas necesidades de la población.

Para todo ello, la subsistencia de la UPC -herramienta fundamental para desarrollar los principios constitucionales de solidaridad y eficiencia- queda en entredicho en el modelo planteado por el gobierno nacional y las capacidades de la ADRES no la muestran preparada para los cambios que requerirían esas competencias.

En el substrato de esta discusión persiste el propósito original del presente gobierno nacional de eliminar las aseguradoras de salud que se crearon hace 32 años y establecer un gran ISS público. Las intervenciones a ocho EPS apuntan en esa dirección mediante la Nueva EPS, para lo cual enfrenta limitaciones legales, pero fundamentalmente financieras. La Nueva EPS no ha entregado los balances financieros de su operación desde el 2023.  Oficialmente no han sido publicados por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS).

A pesar de ello, la información que se filtra señala que la Nueva EPS, con 11 millones de afiliados en el 2024, gastó 126 pesos por cada 100 pesos que recibió en junio y 118 por cada 100 en agosto de ese año. Tiene serios problemas operativos. Las clínicas, hospitales y los proveedores de medicamentos le han cerrado servicios por su incapacidad de cumplir las obligaciones que tiene con ellos. Además, la propuesta del proyecto de ley de transformar las EPS en Gestoras de Salud y Vida, eliminando su rol de aseguradoras de los usuarios y pacientes, y modificando su estructura operativa y financiera, agravaría la crisis por la que atraviesa el sector y en la que la Nueva EPS es protagonista de primer orden.

En resumen, la idea del “banco de la salud” en la ADRES generaría más riesgos y retos para el sector que soluciones. La entidad no está preparada para asumir las responsabilidades que la reforma en salud propone. Además, la idea de constituir un gran ISS público permanece entre la propuesta del gobierno nacional y la gestión que se desarrolla desde el ministerio de Salud, pero el híbrido que quieren forzar, luego del hundimiento de la propuesta original, tiene más perjuicios que beneficios.

Bueno. Veremos con más detalle otros puntos por los que el proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Representantes no soluciona los problemas estructurales que tiene el sistema de salud.