Editorial: de golpe, a las patadas

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

La profecía autocumplida de este gobierno para el sector salud se está ratificando en la semana que pasó. Había que desencadenar una crisis para buscar justificar la reforma que se ha pretendido. Lo “predijo” la exministra Corcho hace poco más de un año, “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita entender a la sociedad que se requiere el cambio” El presidente de la República lo ratificó un tiempo después en entrevista: las EPS caerían como fichas de dominó “shu, shu, shu”.

La fórmula ha sido sencilla: la asfixia financiera del sistema de salud propiciada por el desconocimiento que el gobierno nacional ha hecho de la desfinanciación estructural del sistema, -debida al mal cálculo de la UPC y de los presupuestos máximos (PM)-, que ha sido advertida desde hace cerca de un año por académicos, centros de pensamiento, asociaciones de usuarios y pacientes. A esto se agregó la falta de desembolsos de las deudas atrasadas y reconocidas de PM desde el año 2021, que fueron señalados por la Corte Constitucional en sus Autos 2881 y 2882 proferidos en enero y febrero pasados, y cuyo pago el gobierno nacional dilató.

A las pérdidas de $2,3 billones de pesos que las EPS habían tenido a diciembre de 2022 se suman los datos preliminares, con corte a diciembre de 2023, sobre los catálogos financieros que las EPS reportan a la Supersalud, los cuales permiten evidenciar que la siniestralidad agregada frente a la UPC fue de 103,8%, incluyendo costos médicos y gastos de administración, y generando pérdidas de 2,48 billones.

Adicionalmente, el informe del Ministerio de Hacienda a la Comisión VII de Senado del pasado 20 de marzo indica que, para este 2024, existe un faltante de recursos por $ 5,9 billones de pesos para costear la UPC y los PM.

Todo lo anterior ha llevado a la mayoría de las EPS al incumplimiento de algunas de las normas de habilitación financiera. 

La derrota política que tuvo la reforma del gobierno nacional en el Senado de la República, que no solucionaba los retos que el sistema tiene, desencadenó la retaliación del primero. Porque estaban quebradas, había que intervenir EPS que su profecía autocumplida había conducido a la quiebra. Ninguna voluntad para buscar una solución, ni para el diálogo y la concertación; parece que sólo su confusa y contradictoria reforma les sirve.

Según el presidente, como consecuencia del hundimiento de ese proyecto se requiere reformar el sistema de golpe. Aunque parece que determinó hacerlo a las patadas, porque las evidencias que surgen indican que las intervenciones fueron hechas a las carreras, sin suficiente reflexión y con “esqueletos” de actas, textos incompletos, otros mal redactados, que tornan las determinaciones inconsistentes y eventualmente antijurídicas. Los órganos de control dirán la última palabra en esto.

El hecho cierto es que hoy, 16,8 millones de EPS recién intervenidas se suman a los 8 millones de personas afiliadas a cuatro de estas entidades, que se hallaban en igual condición desde hace más de seis meses y la mayoría desde hace más de 1 año. Son 24,8 millones de colombianos cuya salud está en manos y responsabilidad directa del gobierno nacional, el cual precipitó el sistema de salud a un salto al vacío. ¿Será que se confunde la perseverancia con la terquedad y la soberbia?

Los antecedentes de intervenciones finalizan en su liquidación, con todas las problemáticas financieras y operativas para clínicas, hospitales, médicos y en especial las humanas para usuarios y pacientes. Costarán vidas estás erróneas y erráticas decisiones del gobierno nacional.

Hoy, las EPS intervenidas entre 7 y 20 meses atrás, con 8 millones de afiliados, han deteriorado las atenciones y la oportunidad en los servicios. Las PQRD de usuarios y pacientes así lo atestiguan y sus estados financieros muestran más deterioro. Por si esto no fuera suficiente, la Defensoría del Pueblo, en un análisis preliminar de las tutelas en salud, señala que han aumentado en un 30 por ciento en los tres primeros meses de este año, al compararse con igual tiempo del año 2023. Con estos datos, es muy sombrío el pronóstico para los afiliados de las recién intervenidas. El Estado sólo, no ha demostrado la capacidad de administrar bien la salud.

Los ciudadanos de a pie, las asociaciones de usuarios y pacientes y los demás agentes de la sociedad civil organizada del sector salud, deberemos estar muy pendientes y alertas sobre la operación y los resultados de esa administración estatal. Existen herramientas jurídicas a disposición para acompañar esta vigilancia y control.

Paralelo a eso, se requiere mantener abiertos los canales de diálogos y de búsqueda de concertación para encontrar las salidas a este embrollo en el que nos metió el presente gobierno. Sin embargo, salud no es la única crisis que propicia. La constituyente que busca, de golpe y a las patadas, necesita llevar el país al mayor desorden.