Editorial: avance al pasado
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
Los regímenes exceptuados del Sistema General en Salud en Colombia se quedaron en modelos de la etapa primaria de la seguridad social en el mundo, y en especial de Europa, que es el referente en estas materias. Algo sobre eso mencionamos en un editorial de mayo del año pasado. Dadas las circunstancias actuales de nuestro sistema y del proyecto de reforma, vale la pena retomar el tema y con más razón ante el fracaso que ha significado la acción del gobierno nacional sobre el Fondo de Salud del Magisterio-FOMAG.
Recordemos entonces que, en esa etapa primaria de la seguridad social, los países buscaban para la población la cobertura universal del seguro social de salud. La afiliación era obligatoria y las entidades encargadas eran simples pagadores de facturas, sin gestión del riesgo financiero y limitadas a tareas de verificación de derechos, reclamaciones y legitimidad de la atención. Los costos y gastos se desbordaron como consecuencia del acceso universal, el reembolso indefinido y la rápida expansión del sector sanitario. Así, el gasto público en salud se hizo insostenible.
En ese escenario primario se quedaron desde 1993 los regímenes exceptuados, que son los sistemas de salud del Magisterio, Ecopetrol y las FF.MM. Salvo estas últimas -que por consideraciones de seguridad nacional requieren de un sistema de salud apartado del general que tenemos los colombianos- las razones que condujeron a esa separación fueron políticas sin ninguna justificación técnica.
Ahora bien, más allá de su excepción al sistema general, esos modelos de sistema de salud deberían haber evolucionado y semejar su estructura y operación a lo que hicieron los europeos en la segunda y tercera olas de la seguridad social. Ellos introdujeron mecanismos de racionalización del gasto en la segunda; y en la tercera aplicaron instrumentos de focalización y manejo más eficiente de los recursos.
Con la reforma de 1993, el Sistema General de Seguridad Social en Salud incorporó esas herramientas que se fueron desarrollando a lo largo de los últimos 30 años en una alianza público-privada que ha permitido no sólo la cobertura universal, sino mayor solidaridad y equidad en la asignación de los subsidios, acceso más oportuno y con calidad a los servicios de salud y aumento de la protección financiera para los ciudadanos ante los riesgos de enfermar.
La clave se encuentra en esa gestión integral de los riesgos financieros, operativos y de salud -del sistema y de los individuos- que busca preservar la cobertura universal, con solidaridad y equidad en el acceso oportuno y de calidad a los servicios para las personas, de tal forma que el sistema de salud sea sostenible. La UPC y la gestión de riesgos son piedras angulares en ello.
El presidente Petro considera que la falla en el FOMAG se encuentra en la persona que él mismo nombró en la presidencia de la Fiduprevisora. La realidad es que no hubo un cambio de fondo que incorporara al FOMAG esas herramientas de gestión integral de riesgos con las cuales la entidad mantuviera la cobertura universal, y en paralelo avanzara hacia una mayor solidaridad y equidad en la asignación de los recursos, acceso más oportuno y de calidad en los servicios y más protección financiera para los maestros ante los riesgos de enfermar. El problema del FOMAG no es de las personas que lo dirigen, que por supuesto deben ser honestas, eficientes y efectivas; su reto mayor se encuentra en el anacrónico sistema de seguridad social que tiene.
Hacia allá, de retorno a ese pasado, es que nos quieren llevar con el proyecto de ley 312 de 2024 aprobado con dificultades en la Cámara de Representantes el 6 de marzo pasado de tránsito hacia el Senado.
El primer proyecto que presentó el gobierno nacional era más evidente en señalar el retorno al viejo Seguro Social colombiano. Este último lo han tratado de mimetizar; pero estructuralmente es el mismo: un pagador único de facturas en la ADRES, sin responsable preciso de la gestión del riesgo financiero y de la gestión de riesgos operativos, y limitado a tareas de verificación de derechos, reclamaciones y legitimidad de la atención, que se desbordará financieramente y generará más barreras de acceso a los usuarios y pacientes si lo aprueban.
El problema no es que le consigan un aval fiscal, con un sin número de piruetas y de dudas sobre su sostenibilidad futura. Lo malo es que no corresponde a un buen modelo de sistema y no le sirve al país ni a los usuarios y pacientes.