Editorial: “Annus horribilis”

Augusto Galán Sarmiento MD. MPA 

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud 

El año 2023 es uno para no olvidar en el sector salud, porque no se puede repetir. Aunque este 23 de diciembre se cumplen treinta años de la sanción presidencial de la ley que reformó el sistema de salud en 1993 y creó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) -el cual ha producido quizá la transformación social más importante que ha logrado el país en los últimos cincuenta años- la celebración de este aniversario ha estado signada por la búsqueda de su reforma por parte del gobierno nacional, cuyo propósito, más que un cambio, ha sido el de alcanzar una especie de tierra arrasada del SGSSS para sustituirlo por una estatización de la salud, sin atención a la evidencia científica ni a un diagnóstico acertado que lo justifiquen.

Para avanzar hacia ese propósito se han apelado a múltiples acciones que se iniciaron con la radicación del proyecto de ley gubernamental cuya exposición de motivos era pobre y confusa, pero además contenía artículos contradictorios entre sus capítulos y limitaciones gramaticales, ortográficas, así como de técnica jurídica. No tuvo participación ciudadana oportuna y efectiva como manda la Constitución. Tampoco ha contado con un plan a mediano y largo plazo que contenga objetivos precisos, metas definidas y recursos claros. Desconoce los avances adquiridos en el goce efectivo del derecho a la salud y los pone en peligro. No establece con datos cabales la sostenibilidad de la reforma; y la imprecisión brilla para una eventual transición entre uno y otro sistema, sin que los usuarios y pacientes tengan claridad y tranquilidad sobre la forma como recibirían las atenciones y los medicamentos con oportunidad y seguridad.

Además, se han intentado medidas extraordinarias para imponer los cambios que el gobierno desea. Se apeló a presentar el proyecto ante el Congreso aprovechando el llamamiento a sesiones extraordinarias convocadas por atraso en las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo. Se ha tramitado como una ley ordinaria, pero desde el principio se señaló que contiene artículos de orden orgánico y estatutario que requieren trámites diferentes. Son numerosos los errores de trámite legislativo en los que se han incurrido, que trasgreden las normas establecidas en el reglamento del Congreso. Se definió una declaratoria de emergencia económica y social en la Guajira con diferentes propósitos, entre los que se encontraba el de imponer por decreto la reforma a la salud planteada por el gobierno nacional, que no soluciona los retos y las dificultades que tiene nuestro sistema de salud y por el contrario los agrava.

Ninguna de esas medidas extraordinarias le ha funcionado al gobierno nacional y los vicios de forma y de fondo en los que ha incurrido en su trámite, ya tendrán el control y las definiciones correspondientes ante la Corte Constitucional en caso de que el proyecto de ley se apruebe definitivamente. Claro, es muy posible que, como se le ha oído mencionar al ministro de Salud en privado, “nosotros ejecutaremos los decretos hasta que se caigan” en una alusión semejante a la del Canciller cuando dice que no le importa una futura demanda a sus determinaciones porque lo notificarán “cuando ya esté tres metros bajo tierra”. Una manera muy peculiar de gobernar y de respetar las instituciones democráticas del país.

Así las cosas, el proyecto de ley fue aprobado en la Cámara y para ello no faltaron las “jugaditas políticas” y una inflación de la “mermelada”; con ello el gobierno nacional tuvo en este diciembre un triunfo táctico que representa una derrota social para el país.

Pero si lo anterior no fuera suficiente, el gobierno ha desatendido los llamados por el déficit financiero de toda la cadena de valor del sistema de salud -estimado en 9,6 billones por ANIF- originado en factores internos al sistema (mal cálculo de la unidad de pago por capitación, incremento excesivo en la frecuencia de usos por parte de los ciudadanos, deudas atrasadas del Estado al sistema, etc) y a factores externos (inflación excesiva, devaluación acelerada, etc). Todo ello ha llevado al desabastecimiento de medicamentos e insumos y a un incremento en las barreras de acceso a estos y otros servicios para usuarios y pacientes, que ya los recibían con regularidad. Varias órdenes de la Sentencia T-760/2008 no están siendo adecuadamente cumplidas por el ministerio y el gobierno nacional.

Todo sería un buen libreto para una saga dramática en alguna plataforma de streaming basada en “los juegos del poder” si no hubiera vidas humanas en el medio. Con ellas no pueden seguir jugando.

En medio de todo este “annus horribilis” para el sector salud, hay signos de esperanza. La creciente movilización ciudadana en contra de esa reforma; unida en la misma dirección a las insistentes voces desde espacios como el Pacto por una Mejor Salud que agrupa a académicos, centros de pensamiento y la gran mayoría de asociaciones de la sociedad civil organizada del sector, así como a reconocidos dirigentes de este, y también a las crecientes voces de parlamentarios y de generadores de opinión. 

La esperanza se encuentra allí y también en el senado de la República, para que revisen lo aprobado por la Cámara de Representantes, lo contrasten con la evidencia técnica y científica, y analicen, escuchen y atiendan una participación ciudadana amplia e incluyente en las deliberaciones, y entre todos encontremos la reforma acertada que nos permita renovar el contrato social por una mejor salud. Esa es la esperanza con la cual recibimos el año 2024 desde la vasta mayoría del sector y de la ciudadanía.