Cambios para la salud pública
Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El gobierno nacional, a través del ministerio de Salud y Protección Social, expidió en el último mes dos normas sobre el sector salud cuya implementación será de gran importancia, si se cuenta con la determinación y los recursos para ejecutarlas. La Resolución 1035 y el decreto 1005.
La primera norma define el nuevo Plan Decenal de Salud Pública que tiene como propósito cuatro elementos centrales: avanzar en la garantía del derecho fundamental de la salud; avanzar hacia las mejoras de las condiciones de vida, bienestar y calidad de vida de los habitantes; reducir la mortalidad evitable y su impacto en los años de vida perdidos y, avanzar hacia la garantía del goce efectivo de un ambiente sano y la mejora de la salud ambiental. Precisa como objetivos la equidad y la promoción en la salud, la salud preventiva, la atención oportuna y de calidad, en el marco de un sistema de salud integrado y eficiente.
El Plan determina seis ejes estratégicos relacionados con el gobierno y la gobernanza de la salud pública, la gestión intersectorial de los determinantes sociales, la gestión integral de la atención primaria y de riesgo en salud pública, y las gestiones del conocimiento y del desarrollo del talento humano de la salud pública.
El espacio de esta columna es limitado para analizar la totalidad del Plan y por eso quisiéramos centrarnos en dos puntos que consideramos relevantes y sobre los que hemos insistido a lo largo de los últimos años. En el artículo segundo de la resolución se indica que “será implementado y ejecutado por los agentes que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud y de Protección Social”. Hay que destacar entonces que se responsabiliza del Plan a sectores que van más allá de salud y tienen que ver con la protección social más integral de las personas, algo necesario que se hizo aún más evidente por la pandemia.
De esta forma, la gestión de los determinantes sociales de la salud, incluida en los ejes estratégicos del Plan, deberá ser una prioritaria. Esto nos lleva a la segunda norma, que es el siguiente punto que deseamos resaltar, el decreto 1005 sobre la Comisión Intersectorial de Salud.
Este decreto introduce varios cambios con respecto al que reglamentaba la existencia de la Comisión desde 2014. En primer lugar, incluye a los diez y ocho ministros del gabinete ya que el anterior incluía a nueve de ellos, y mantiene a los mismos directores de los departamentos administrativos que ya estaban incorporados (Presidencia de la República, Planeación Nacional, y Prosperidad Social). Ojalá sea funcional y ejecutiva esta decisión.
En segundo lugar, establece la participación ciudadana en deliberaciones de la Comisión mediante la invitación, con derecho a voz, pero sin voto, a representantes de otras entidades públicas o privadas, de organismos, gremios y agremiaciones del sector privado nacional e internacional, de los pueblos, comunidades y grupos étnicos, asesores, expertos y demás personas naturales o jurídicas, según se estime conveniente y de acuerdo con los temas a tratar, quienes, a solicitud de la instancia deberán elaborar y presentar los informes y conceptos que se requiera. Algo que por primera vez se incorpora en estas comisiones intersectoriales que han sido exclusivamente gubernamentales.
Por último, la Comisión parece fortalecer sus funciones al hacerlas más específicas si se comparan con las existentes en el anterior decreto; aunque como siempre, mucho tendrá que ver con la voluntad y los liderazgos que se adopten.
Las funciones se pueden resumir en cinco áreas: Primero, mantener el seguimiento y el monitoreo del Plan decenal de Salud Pública. Segundo, encargarse de orientar las políticas sobre determinantes sociales de la salud y establecer vínculos de coordinación y apoyo con las demás comisiones intersectoriales que existen en el país. Tercero, recomendar estrategias sectoriales para intervenir los determinantes sociales. Cuarto, plantear acuerdos intersectoriales y planes de acción para su ejecución. Quinto, emitir recomendaciones dirigidas a los consejos territoriales de planeación o quien haga sus veces, para promover la coordinación e inclusión de estrategias de gestión intersectorial de los determinantes sociales de la salud en los planes de desarrollo territorial.
Un trabajo intersectorial en salud que consolide una mayor protección social será clave para lograr equidad en nuestra sociedad. “Salud en todas las políticas” ha sido dicho por muchos, lo que implica una visión integral del significado de la salud. Confiamos en que estas decisiones empoderen la gobernanza y la capacidad de ejecución sobre estas materias.