Centremos la discusión

Director Centro de Pensamiento Así Vamos en Salud

Fueron 24 mil millones de dólares los recursos financieros que se gastaron en salud el año pasado en Colombia (equivalentes a 96 billones de pesos). Cifra que se deduce del porcentaje del PIB utilizado en el año 2021 para este propósito, de acuerdo con la información reportada por el Banco Mundial (BM). La cifra se vislumbra alta para nuestros estándares económicos, pero es mucho más baja de la que gastan numerosos países en el mundo.

Por supuesto, para hacer más comparables los países, estos datos hay que corregirlos por la población y por el poder adquisitivo del dólar. Si escogemos unos países de interés mundial y regional para revisar, las cifras presentadas por el Banco Mundial sobre el gasto anual en salud por persona son: Estados Unidos 10.921 dólares; Holanda 6.248; Inglaterra 5.087 y Corea 3.521. En nuestra región Chile, con 2.424 dólares, dispone de más recursos financieros por persona, seguido por Argentina con 2.199, Costa Rica 1.636, Brasil 1.498, Colombia 1.204 y México 1.111.

Vistos desde esta perspectiva más contextualizada, los 24 mil millones de dólares que se mencionaron para Colombia al inicio de este artículo no parecen excesivos; tal vez es lo contrario, son limitados ante los objetivos que nos hemos definido para nuestro sistema de salud.

La pregunta que surge entonces tiene que ver con la eficiencia mediante la cual se manejan esos recursos financieros.

Primero, debemos mencionar la cobertura; que en nuestro caso colombiano empodera a más del 99 por ciento de la población con un seguro que se ha unificado en los beneficios durante los últimos años. Dentro de los países mencionados hay varios (no solo de nuestra región) que se encuentran lejos de esa cobertura de un seguro único a pesar de que poseen un gasto en salud mayor como lo hemos visto.  

Segundo, el paquete de beneficios al que estamos titulados los colombianos es mucho más amplio e integral que el de los países que hacen parte de esta revisión y concreta una protección financiera de la población ante el riesgo de enfermar. Esto es aún más válido desde la Ley Estatutaria de 2015 que modificó el antiguo POS (compuesto por una lista positiva de inclusiones) para convertirlo en una lista positiva de exclusiones determinada de acuerdo con los criterios contenidos en esa Ley. En otras palabras, desde esta última “todo está incluido mientras no se encuentre debidamente excluido”.

Tercero, de conformidad con el presupuesto de la Administradora de Recursos en Salud (ADRES) y el Presupuesto de la Nación, para el presente año, 75 billones de pesos son los recursos públicos (78 por ciento del total del gasto) que se encuentran destinados para financiar los regímenes de seguridad social y la salud pública. Divididos en, 66 billones para las unidades del pago por capitación (UPC) de los regímenes contributivo y subsidiado, 2 billones para otros gastos del sistema general de seguridad social y 7 billones para salud pública y los regímenes especiales (Magisterio, Ecopetrol y Fuerzas Militares)

En el caso de los regímenes contributivo y subsidiado, por el histórico del gasto en salud, revisando los balances consolidados de las EPS en los informes de la Superintendencia de Salud, el 98 por ciento de esos 66 billones se gasta en los servicios médicos, exámenes, procedimientos, medicamentos e insumos pagados a las clínicas y hospitales. No es claro este año 2022 el gasto por las inclusiones de nuevas tecnologías en salud al plan de beneficios que se definieron en diciembre pasado; servicios que igual se han atendido a lo largo del tiempo, pero cuya financiación no ha sido precisa y ha generado déficit financiero al sistema cada año.

El resto, 21 billones de pesos, se gastan en los seguros privados (medicina prepagada y seguros personales) y en el gasto de bolsillo que utiliza un sector de la población.

En el panorama que se relaciona en este resumen se aprecia una gestión financiera e institucional más eficiente de la que algunos aceptan, en relación con los recursos que se tienen. Seguramente podremos ser aún más eficientes, además de atacar mejor los focos de corrupción que existen y que deben ser erradicados. Pero si queremos financiar bien el paquete de beneficios y la salud pública, desarrollar la infraestructura pública y digital que se necesita, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, transformar el modelo de atención, corregir la inequidad en la salud rural y fortalecer la seguridad sanitaria ¿no será que necesitamos más recursos financieros? ¿de dónde provendrían?