Vidas arriesgadas
Augusto Galán Sarmiento MD. MPA
Director del centro de Pensamiento Así Vamos en Salud
El censo de población de 2018 muestra que alrededor del 70% de la población colombiana se ubica en los dos segmentos socioeconómicos más vulnerables. Las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud señalan que el 70% de las personas afectadas por Covid-19 y el 77% de quienes han fallecido con esta condición médica, pertenecen a esos mismos estratos de la sociedad. Adicional a ello, algo más de dos tercios de esos decesos han ocurrido en Bogotá y las treinta y dos capitales de los departamentos. Esta enfermedad ha afectado con mayor impacto a las poblaciones económicamente más frágiles de los grandes centros urbanos.
De otra parte y de acuerdo con el Ministerio de Salud, a 31 de agosto de este año la cobertura de un seguro de salud abarcaba al 96,5% de las personas residentes en el país; la mayoría del 3,5% de la población no cubierta por el seguro se encontraba en las regiones más apartadas y no en los conglomerados urbanos. El seguro titula a los ciudadanos y residentes a recibir los servicios de salud que requieran; para el caso de la atención de pacientes con Covid-19 se encuentran incluidos todos en el paquete de prestaciones que deben entregar las aseguradoras en salud.
Además, ha sido público el esfuerzo que se ha hecho desde las autoridades sanitarias y los agentes del sistema de salud en estos seis meses para ampliar la capacidad instalada de pruebas diagnósticas, medicamentos, dotación médica y unidades de cuidado intensivo, de tal forma que ningún ciudadano se encuentre limitado para recibir la atención en salud requerida ante esta pandemia. El trabajo del personal médico y demás profesionales de la salud ha sido inmenso, encomiable y reconocido y se ha ofrecido y entregado sin ninguna exclusión de condición social, raza o credo religioso.
Entonces, ¿por qué un riesgo que es igual para todos los seres humanos afecta de manera disímil a las poblaciones y parece ensañarse con los más vulnerables si, además, todos tenemos el mismo derecho y la misma cobertura de un seguro de salud?
Existen aproximaciones que pueden explicar parcialmente la situación. Dos de ellas son el envejecimiento y en él, la concentración de las enfermedades crónicas no transmisibles. El 60% de las personas que han fallecido en Colombia por el nuevo Coronavirus eran mayores de 60 años, y esa misma cifra porcentual presentaba de manera concomitante diabetes, hipertensión arterial o enfermedades pulmonares crónicas, comorbilidades que, como se ha demostrado, incrementan el riesgo de los individuos ante este virus.
Otra aproximación a esta situación nos presenta una visión más estructural. La salud no depende exclusivamente de la organización de los servicios de aseguramiento, el hospital, la bata blanca y el fonendoscopio; de hecho, es lo que menos la impacta. La salud se halla en la vida cotidiana de los individuos y a esto se le puede llamar de diversas maneras: determinantes sociales de la salud, atención primaria renovada, intersectorialidad o protección social integral; pero apuntan a lo mismo. En concreto, el bienestar de un individuo depende de derechos que van más allá de las atenciones sanitarias y que son inherentes al derecho a la salud para su pleno disfrute. Los resultados de la pandemia lo han hecho evidente.
De acuerdo con estudios de calidad de vida, esas poblaciones vulnerables que se han visto más afectadas por el nuevo Coronavirus tienen menores índices de educación, limitaciones en sus hábitos de vida, mayores niveles de desnutrición y malnutrición, menor generación de ingresos, gran hacinamiento y toda la informalidad. Lo anterior incrementa sus riesgos para diversas enfermedades y por supuesto para esta epidemia.
Como lo señala el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ““El derecho a la salud está estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los componentes integrales del derecho a la salud”
Para lograr el bienestar del individuo y de las comunidades la salud se trata de la integralidad de esos derechos que, al final, desarrollan las capacidades de personas y sociedades para gestionar los riesgos físicos, mentales y sociales que la vida nos presenta.